La Discapacidad en emergencia

Federaciones que nuclean a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad y transportistas se movilizaron el jueves 18 de marzo. "Nos movilizamos para solicitar una respuesta ante la agónica situación por la que están pasando los prestadores para personas con discapacidad, y para solicitarle al Sr. Presidente de la Nación que atienda nuestra problemática y que actúe en consecuencia para evitar: precarización, menos servicios para las personas con discapacidad y nuevos desocupados", afirman en un comunicado desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la F.A.Tra.Dis, Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad. Ambas convocan a una manifestación en el Obelisco.


En Córdoba la Federación Converger, las entidades que nuclean a transportistas y otras instituciones pararán y se movilizarán en caravana desde el Comedor Universitario. Desde Converger reclaman “un aumento de emergencia dado que, en los últimos 16 meses, la Nación sólo otorgó un incremento del 10% y la provincia un 15 %. A pesar de ello, en estos tiempos se continuaron brindando las prestaciones y servicios, abonando los impuestos, cargas salariales correspondientes, etc.”


Una de las organizaciones que también llama a la atención pública sobre esta crisis es la Asociación APADIM Córdoba. Desde esta institución reclaman la intervención urgente del Gobierno Nacional, sin lo cual se les hace imposible “seguir sosteniendo los servicios para las personas con discapacidad”. En un comunicado en el que se suman a las medidas de fuerza y acciones impulsadas, advierten que llevan “más de tres años de crisis”, y que el aumento brindado en el 2020 del 10 %, “es una verdadera vergüenza”.



ALGUNOS DATOS.


Las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad se financian a partir de la cobertura que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están obligadas a abonar por los servicios brindados a sus afiliados con discapacidad. Servicios que son categorizados y controlados por el Estado. El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud fija los montos que las obras sociales deben abonar, y que luego recuperan de un fondo de reintegros, formado por aportes de los trabajadores a la seguridad social y administrado por el Estado.



Históricamente esos montos se actualizaban cada año siguiendo el aumento de costos y la inflación. Sin embargo, desde el 2018 que los costos superaron con creces a los aumentos cada vez más exiguos e infrecuentes. De hecho, el “insalvable desfasaje entre los ingresos y los costos” es el centro del problema que preocupa a las instituciones, transportistas y profesionales independientes.



Para las instituciones, los principales rubros de las erogaciones son los laborales y de mantenimiento de los centros, que en este regreso a la presencialidad con protocolos también se han incrementado. Respecto del desfasaje entre ingresos y aumento de paritarias, desde las instituciones hicieron un recorrido por los últimos años. Por ejemplo, desde Apadim informan que durante 2018 las paritarias del gremio Utedyc (Unión de trabajadores de entidades civiles y deportivas) aumentaron el 28 % contra un promedio del 10 % de los aranceles por prestaciones, en el 2019 la paritaria de Utedyc fijó el 51 % de aumento, mientras que los aranceles sólo alcanzaron entre un 15 y un 26 % para los distintos servicios. En el 2020, durante la pandemia, el aumento en los sueldos llegó a 33 % mientras sólo hubo un aumento a fin de año del 10 %. Y la inflación para el año pasado fue del 36,1 %


Y para este año está estipulado un aumento por paritarias de Utedyc del 35,6%, sin que exista aún ningún aumento fijado por la Superintendencia de Servicios de Salud. La inflación ya acumula el 7,8 % en los dos primeros meses del año.



Estos datos actualizan un análisis realizado por el Foro nacional en junio del año pasado. Ese estudio comparaba en el período entre junio 2016 a junio 2020 la evolución de los aranceles promedio de prestaciones (193 %) con otros indicadores: índices de precios al consumidor (368 %), salarios del sector de sanidad (306 %) y medicina prepaga (284 %). En junio del año pasado el reclamo era de un “aumento de emergencia del 40% para poder seguir funcionando" El Estado otorgó el 10 %.


EL CIERRE COMO UNA POSIBILIDAD PARA INSTITUCIONES DE DISCAPACIDAD



A principios del año pasado, una consulta realizada por organizaciones de discapacidad en el país y que fuera respondida por 376 organizaciones, daba cuenta del estado crítico en que este sector se encontraba ya antes de la pandemia. Más del 90 % de estos centros manifestaba haber contraído deudas con AFIP, o tener problemas para abonar los sueldos de sus equipos, y sobre todo de hacer frente a los nuevos aumentos: el 64 % de las instituciones revelaron que tienen conflictos laborales o que debieron hacer reducción de puestos laborales y servicios.


Entre las instituciones que respondieron esta consulta, generaban al momento de esta consulta (enero 2020) unos 15400 puestos de trabajo. Y la mayoría de ellas contaban entre 20 y 40 trabajadores en sus equipos, lo que muestra el tipo y las dimensiones de las entidades englobadas en este sector. Un sector con una función social clave y que luego de más de tres años de crisis y pandemia mediante, está a punto de colapsar.


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